De repente, se empezaron a esfumar los sueños de centenares de familias de Venadillo en el departamento del Tolima, que habían puesto sus esperanzas en el desarrollo del primer parque solar del municipio. Lo que se pensaba sería una oportunidad única para fortalecer la golpeada economía local y encender el motor del desarrollo sostenible, hoy se desvanece ante la insistente e injustificada negativa de la autoridad ambiental al proyecto renovable.
Cuando la multinacional francesa Voltalia, reconocida internacionalmente en el sector de las energías renovables, fijó su mirada en el municipio Venadillo para su nuevo proyecto fotovoltaico “Los Venados”, consistente en la construcción de una planta solar fotovoltaica con capacidad de 15 megavatios y una línea de transmisión de 34,5 kilovoltios, con una inversión extranjera por encima de los 10 millones de dólares, la propuesta acaparó la atención de las comunidades aledañas, quienes desde el principio participaron activamente en cada etapa del proceso de licenciamiento ambiental.
Todo avanzaba sin contratiempos, la puesta en marcha del proyecto estaba prevista para el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el compromiso adquirido para inyectar energía al Sistema Nacional suficiente para abastecer anualmente a unas 40.000 personas, pero el panorama cambió de manera inesperada cuando la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) emitió su negativa a la solicitud de licencia ambiental para construir el parque solar. Pese al cumplimiento de Voltalia en el proceso de evaluación y la entrega de todos los documentos y estudios exigidos, la entidad desestimó el proyecto dándole la espalda. Una negativa que le cuesta un año de retraso al proyecto y a los planes de transición energética del gobierno.
Con una decepción aplastante, la comunidad ha cuestionado la decisión de Cortolima, la cual condiciona el futuro de un pueblo que aspiraba a crecer sosteniblemente. En las denuncias realizadas ante la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, los líderes señalan que la resolución de Cortolima desconoce la participación activa de la comunidad, la evidencia técnica del proyecto y su impacto en derechos fundamentales. Además aseguran que la corporación pretende vulnerarles el derecho al trabajo y a un ambiente sano. Las más de 100 ofertas de empleo que se proyectaban ahora son una ilusión; se ha bloqueado el progreso.
Comete un grave error la autoridad ambiental al sumarle trabas a proyectos renovables que buscan generar enormes beneficios ambientales, económicos y sociales al departamento del Tolima. Lo más triste es que este es solo un ejemplo de lo que está ocurriendo en varias regiones del país, donde por decisiones sin fundamento se atenta contra la transición, la soberanía energética, el empleo y el desarrollo económico. En los próximos días realizaremos en la Comisión Quinta del Senado de la República, un debate de control político a la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, para que le explique a los tolimenses y al país en general las razones que motivaron a emitir concepto negativo a la viabilidad del proyecto solar.
Este tipo de negativas afecta gravemente el avance de la transición energética en el país, desalienta la inversión en el sector renovable y sacrifica el progreso en los departamentos.
