Con su declaración pública del fin de semana pasado, Protransparencia ha colocado nuevamente el dedo sobre la llaga de la tragedia hospitalaria en el Departamento del Atlántico. La insolvencia financiera, un tema sobre el que hemos advertido varias veces en este espacio editorial, tiene al borde del colapso al sistema público territorial del sector salud.

“La continuidad y efectividad de los servicios médicos a las personas  pobres del Departamento está en peligro por la alta y creciente cartera que han acumulado los hospitales públicos del Atlántico. Algunas EPS insolventes o incumplidas del régimen subsidiado les deben unos 30 mil millones de pesos. Para colmo y remate: no se ve una acción eficaz por parte de los organismos de control”, denuncia de manera categórica el organismo no gubernamental que dirige el licenciado Horacio Brieva.

El médico Ulahy Beltrán, directivo de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados y representante del Gobernador del Atlántico en la Junta del Hospital Juan Domínguez Romero del Municipio de Soledad, sostiene que “esta Declaración de la Fundación Protransparencia es algo que venimos denunciando desde el gremio hospitalario hace rato, y el asunto pasa también por el incumplimiento de los alcaldes en girar oportunamente los recursos del régimen subsidiado a las EPS-S (especialmente en vigencias anteriores) para que estas a su vez los giren a los hospitales públicos y a las IPS privadas”.

Según el profesional Beltrán, el incumplimiento con los hospitales y las clínicas privadas (IPS en general) tiene su origen en la misma limitación que ha tenido desde hace ocho años el Gobierno Nacional para expedir el Manual Nacional de Tarifas, sobre lo cual el Presidente Álvaro Uribe Vélez ha dado claras instrucciones al Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, con el fin de contar con ese Manual antes de que finalice su segundo periodo constitucional.

De acuerdo con lo que sostienen Protransparencia y el Contralor departamental, Carlos Casas, “parte del problema son las deudas de los municipios con las EPS del régimen subsidiado, pero nada excusa las ineficiencias, irregularidades administrativas o fiscales y, menos aún, posibles conductas punibles que se infieren con sólo una rápida revisión de las denuncias documentadas en los medios de comunicación y de la Contraloría”.

Es hora de ponerle toda la atención del caso a la situación planteada, porque el tema es de la mayor gravedad. A los hospitales públicos si no les pagan, quedan expuestos a una situación de quiebra y si estas instituciones no pueden funcionar, se ve amenazada la atención en salud de los atlanticenses más pobres. Las empresas privadas podrían tener una mayor capacidad para soportar demoras en los pagos, pero esto no justifica retrasos exagerados que también afectan el flujo de cada uno de los hospitales y clínicas particulares. Si la iliquidez se transfiere a todo el sistema tenemos un evidente derrumbe hospitalario, pero será el pueblo empobrecido quien pague los platos rotos de este drama que es el que obligó a declarar la emergencia social porque se repite en cada ente territorial de la Nación.

En el Atlántico el Gobierno Departamental se ha propuesto lograr cobertura plena en materia de seguridad social en salud en los municipios, con el propósito de igualar más adelante los servicios en los regímenes contributivo y subsidiado en los 22 entes de su jurisdicción.

Pero si las EPS del régimen subsidiado no son objeto de confianza, la meta gubernamental fracasará. Para que se vuelva a confiar en ellas tienen que pagar de manera inmediata. Estas EPS les deben al Cari alta complejidad 12 mil millones de pesos, al Hospital Niño Jesús 4 mil millones, al Juan Domínguez Romero de Soledad 3.500 millones y al de Sabanalarga unos 4 mil millones, para un total de 23 mil 500 millones de pesos que sumados a los 6 mil 500 millones que se les adeudan a los centros de atención primaria municipales, revela la magnitud de un problema que pasó de un gobierno a otro y que en el último año creció en 5 mil millones de pesos.

La cartera aludida es el producto de acumulación de facturación no pagada de varias vigencias fiscales, corrobora Protransparencia al confirmar que por esto “resulta obvio el efecto negativo, en cadena tipo dominó, que se causa: las EPS no le pagan a los hospitales, los hospitales no le pagan entonces a los profesionales y técnicos que laboran en esos hospitales, a los proveedores de insumos, medicamentos y elementos médico-quirúrgicos, y así se dejan de pagar los parafiscales y los servicios públicos. En últimas, los usuarios empiezan a recibir atención inadecuada por falta de insumos, medicamentos, y elementos médico-quirúrgicos, y el recurso humano mal remunerado se declara insatisfecho y deja de rendir”.

Grave, muy grave el panorama que afronta la salud en el Departamento del Atlántico y otras regiones del país. Esperemos a ver qué define la honorable Corte Constitucional esta semana con el futuro de la emergencia social para medir el alcance del papel que entrará a jugar a posteriori el Congreso de la República. Pero sería importante que la Superintendencia de Salud y los organismos de control se apersonen más del asunto e impongan las sanciones y los correctivos a que hubiere lugar.