En el año 2003, mediante Decreto 1760, el Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. Se trata de una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como objetivo la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación.

Hoy la ANH podría estar incurriendo en negativas que colocan en grave riesgo el manejo de políticas de protección al medio ambiente, ya que se resiste a reconocer unos recursos que constitucional y legalmente se destinan a las corporaciones autónomas regionales.

Me preocupa que sea una agencia estatal la infractora de las normas, porque se supone que a ella le corresponde velar por su cabal cumplimiento en defensa del bienestar colectivo. El problema se presenta en las compensaciones monetarias que ha dejado de suscribir la ANH con las corporaciones autónomas regionales por concepto de la explotación de hidrocarburos. De manera inexplicable la ANH sostiene que no está obligada a firmar ese tipo de compensaciones y afirma además que corresponde a su libre determinación pactarlas o no en sus contratos.

Pienso que se equivoca porque la Constitución y la ley determinan las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales sobre los mismos. Del mismo modo establecen que la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte.

Nuestra Carta Política señala que “los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones”. El articulado constitucional ordena que el Estado reciba compensaciones de la explotación de los recursos no renovables, y ordena a la ley determinarlos.

En este orden de ideas, la Ley 141 de 1994 reguló el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables y fijó las reglas para su liquidación y distribución. En su artículo 48 se habla de las compensaciones monetarias derivadas de la explotación de hidrocarburos y más adelante el artículo 29 de la Ley 756 de 2002 que lo modifica establece la siguiente distribución:

Departamentos productores 22%; Municipios o distritos productores, 10%; Municipios o distritos portuarios, 8%; Empresa Industrial y Comercial del Estado, Ecopetrol, o quien haga sus veces, 50%; Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio  se efectúen las explotaciones, 10%.

Como puede colegirse, en acatamiento al mandato constitucional, el artículo reparte las compensaciones asignándoles a las CAR un 10%, con lo cual crea la obligatoriedad de su pago.

Conviene recordar que el Decreto que creó la ANH dice que una de sus funciones es “recaudar las regalías y compensaciones monetarias que correspondan al Estado por la explotación de hidrocarburos, y girar a las entidades con derecho a ellas tales recursos”. También hace énfasis en que la Subdirección Técnica de la ANH debe “recaudar las regalías y compensaciones monetarias que correspondan al Estado por la explotación de hidrocarburos en los nuevos contratos de exploración y explotación. El decreto escinde a Ecopetrol y al crear la ANH incluye dentro de sus obligaciones el pago de lo que le obliga la Ley.

La ANH sostiene que tales compensaciones no son obligatorias, contradiciendo de este modo toda una regulación que parte de la Constitución, pasa por el desarrollo legal y se ratifica en el Decreto que le da vida en el 2003. Pero aun en gracia de discusión, si aceptáramos lo que dice la ANH ello significaría que estamos ante una entidad estatal indolente frente a la necesaria compensación que se base en los daños ambientales ocasionados por la explotación de hidrocarburos.

Es claro que la ANH no está para favorecer el capital privado sino para defender los intereses de la Nación, convencimiento que me lleva a someter a debate el tema ante la Comisión V del Senado de la República y a solicitarle al próximo Presidente de la República, Juan Manuel Santos, que haga valer su compromiso con la defensa del medio ambiente para que unas interpretaciones equivocadas de la normatividad no pongan en peligro unas políticas que tienen que ver con la salud y la vida misma de millares de colombianos.