
Ante la arremetida terrorista, las retaliaciones de las
bandas criminales y el azote de la delincuencia común a ciudadanos indefensos en calles y veredas, es difícil conservar la calma y no pensar que a las autoridades el fenómeno de la violencia se les está saliendo de las manos, dejándonos expuestos a sus terribles consecuencias.
Los 18 muertos y cerca de un centenar de heridos por las bombas de las Farc, el asesinato del Diputado Armando “El Chiri” Castillo en Ciénaga y las amenazas contra su colega Álvaro Orozco, también del Magdalena, así como los hechos de sangre en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, son apenas una muestra de la
grave situación que estamos afrontando los colombianos.
Algo muy podrido se esconde detrás de este desolador panorama de sangre y carroña.
La demencia guerrillera, que hace mucho tiempo se quedó sin sustentación ideológica, puede ser la necesidad de seguir mostrando un poder bélico y de negociación que no se tiene. La tenaz acción de nuestros Policías, Soldados e Infantes, bajo la coordinación del
Presidente, el Ministro de Defensa y generales de la Patria, han doblegado a la subversión y la tienen respirando con el pie en el cuello.
Por ello, es urgente no bajar la guardia y perseguir a los cabecillas terroristas hasta lo más hondo de las madrigueras en donde se esconden.
El otro factor que mueve a la desestabilización y a la sanguinaria respuesta de las bandas criminales urbanas y rurales, es el combate al narcotráfico, particularmente al microtráfico actual, y otras formas de acumulación ilegal de riquezas como el secuestro no político, el fleteo, el contrabando de armas, licores y combustibles y el proxenetismo que tiene como base a las mujeres de los sectores sociales más vulnerables, con especial énfasis en zonas portuarias y el corredor costero en donde por la amplitud territorial la vigilancia es más complicada.
Un tercer elemento que incidiría de alguna forma en manifestaciones delincuenciales es el de la pobreza. Gente que en estado de indigencia se ve obligada a robarle al vecino o al nativo para subsistir. Aun así, nada justifica el asalto callejero o residencial.
Contra la pobreza trabaja el gobierno a través de sus distintas agencias, en particular el Departamento para la Prosperidad Social. Los subsidios al adulto mayor, la gratuidad de la educación, ampliación de las oportunidades de empleo a los jóvenes, consolidación de la reactivación productiva y los tratados de libre comercio internacionales, el programa de reconstrucción nacional luego de la temporada invernal y las cuantiosas inversiones en infraestructura, son entre otros, frentes que canalizan multimillonarios recursos para lograr niveles más altos de bienestar social.
Ante la violencia se imponen la contundente respuesta del Estado, la eficaz y eficiente acción de la fuerza pública, la movilización y aciertos del aparato judicial en el procesamiento de los delincuentes y la atención a las víctimas, y la disposición del sector salud para asistir a los afectados psicológica y físicamente por la brutalidad criminal, por citar unos cuantos de la multitud de elementos que componen el escenario de soluciones de nuestro conflicto social.
Pero más allá de lo que el Estado hizo, haga y pueda hacer, es fundamental el respaldo ciudadano y la solidaridad de todos los colombianos de bien para rechazar, rodear a las autoridades y protestar abierta y frenteramente contra quienes pretenden desbaratar nuestra bicentenaria tradición democrática e institucional, en defensa de la libertad, el orden y el progreso social en igualdad de condiciones para todos.
Por esa prioridad de primer orden, acompañé la marcha que se organizó y realizó este fin de semana en el Departamento del Magdalena para rechazar la violencia y renovar la confianza en las autoridades en aras de la convivencia pacífica. Un ejemplo que debemos multiplicar en el Atlántico desde la administración pública, los sectores políticos y estamentos de la sociedad civil. Ojalá en todos los departamentos se diera tal movilización.
Es vital para el futuro de la Nación que la sociedad entera una sus manos y alce su voz contra los violentos. No podemos dejarnos acorralar ni intimidar. Nuestra sociedad, en la que es inmensa mayoría la franca de colombianos y colombianas de bien, tiene que evitar convertirse en una sociedad de muertos vivientes en la que termina imponiendo su ley la lepra de la violencia. Por la paz y nuestro desarrollo, es hora de pronunciarnos más y más fuerte.
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