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Uno de los hechos más lamentables que pudo aportarle el paramilitarismo a la Costa Caribe colombiana, además de los días de terror y sangre que dejó en la región, fue la asociación e intimidación a dirigentes costeños para garantizar la protección del régimen y favorecer resultados electorales con el fin de hacerse a curules en el Congreso de la República, así como ganar gobernaciones y alcaldías. Pero, tras la caída de las más poderosas organizaciones paramilitares, se fueron derrumbando una a una las piezas del más peligroso ajedrez delincuencial en la historia reciente del país. Numerosos dirigentes políticos fueron incursos en procesos penales y un grupo importante de Senadores y Representantes a la Cámara ha tenido que abandonar su curul para responder ante la justicia.
La región que más salió perjudicada fue la Caribe. De los 29 senadores que conformaban la bancada costeña, hoy solo estamos 29 y es muy posible que únicamente 5 terminemos el periodo constitucional. Es evidente la pérdida de representatividad política de la Costa Caribe por este motivo, lo cual se traduce en una muy baja capacidad de presión y de lucha a la hora de debatir temas fundamentales para el desarrollo costeño como lo es asignación de partidas del Presupuesto General de la Nación. La voz de los que quedamos no alcanza a ser suficiente, a pesar de las gestiones, las cartas y los debates de control político que adelantamos cada semana. Los colegas que han dejado su curul han sido reemplazados por dirigentes interioranos a quienes poco les importa lo que ocurra con la Costa Caribe.
Es claro que a medida que disminuye la presencia costeña en el Senado de la República, se reducen los beneficios que se pueden obtener para la región por la vía legislativa. La defensa de los proyectos de ley que la favorecen se hace más precaria. En lo que se refiere al poder político la Costa Caribe colombiana está viviendo un verdadero retroceso. Estamos perdiendo lo que con mucho coraje ganaron nuestros congresistas que batallaron semana a semana en las tres últimas décadas del Siglo XX, cuando el denominado Bloque Costeño se hizo sentir con todo su rigor en la máxima instancia del poder legislativo nacional. La Costa Caribe colombiana ha sido una víctima secular de un sistema político centralizado, que a pesar de haber abierto algunas ventanas constitucionales y legales hacia la descentralización y la autonomía mantiene modelos mentales y políticas que nos encierran en un callejón sin salida y ahondan la brecha de la pobreza y la miseria en nuestros pueblos y ciudades. Recordemos que, entre 1900 y 1975, sólo 60 de los ministros del periodo eran originarios de la Costa Caribe, es decir un 13 por ciento del total que corresponde al mismo porcentaje de la inversión pública nacional en la región durante ese lapso. Eso nos demuestra una baja capacidad de maniobra política y presupuestal por el sesgo centralista. El último Ministro de Hacienda costeño fue el barranquillero Tomás Surí Salcedo, nombrado por el Presidente José Vicente Concha el 17 de julio de 1916 mediante Decreto 1232. Ejerció hasta el 5 de enero de 1918, lo cual habla por si solo de lo alejado que hemos estado del ponqué presupuestal. La baja representatividad en ministerios con chequera y ahora en el Senado de la República, colocan a la Costa Caribe en un momento muy difícil. Por ello considero conveniente mi llamado al electorado del Caribe Colombiano para que en la próxima jornada del mes de marzo de 2010 salga a votar en masa para lograr que cada Departamento costeño elija por lo menos un Senador dentro de las distintas posibilidades partidistas. Es hora de recuperar nuestra representación y poder político en el Congreso. Es hora de movilizarnos y de pellizcarnos en defensa del futuro regional. Si no lo hacemos hoy, mañana será muy tarde para los lamentos.
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