Causa profunda tristeza lo que ocurre con la principal institución de educación superior del Caribe colombiano: la Universidad del Atlántico. Durante la Gobernación de Carlos Rodado Noriega fue la intervención de la Presidencia de la República la que impidió el cierre de la Universidad del Atlántico, llevando incluso a la rectoría a una profesional de confianza del Jefe del Estado. En ese período, no se pudo resolver el tema de la crisis financiera y el máximo logro fue vincular a la Udea a la Ley 550 o ley de quiebras.

Desde muy niño oí hablar de la Universidad del Atlántico. Primero porque mi padre es egresado de ella y segundo porque José Name Terán, desde el Congreso de la República, consiguió la aprobación de la Ley Pro Ciudadela Universitaria, mediante la cual se han captado los recursos que permiten la construcción y ampliación de la monumental y hermosa sede con la que hoy cuenta la Universidad en el Área Metropolitana de Barranquilla.

Recuerdo que en el año 2003 el Gobierno Nacional estableció el denominado convenio de concurrencia para promover la estabilidad financiera de la Universidad y darle viabilidad a una eventual aplicación de la 550. Este convenio fue firmado por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla y el gobernador del Atlántico de ese momento, Alex Char Chaljub. Lo que se critica de ese convenio es que la Gobernación haya aceptado que la Universidad cargara con la responsabilidad de pagar (concurrir) la parte mayoritaria de las mesadas pensiónales de la institución, pasando de un 12 por ciento al 75 por ciento y el Ministerio de Hacienda baja del 75% al 18%, lo que en opinión de la Asociación de Profesores Universitarios, Aspu, ha ocasionando el colapso financiero de la Universidad del Atlántico.

Con base en el convenio de concurrencia, quedaron comprometidas las transferencias que gira el gobierno al tenor del artículo 86 de la ley 30 de 1992. No pasó mucho tiempo para que la Universidad entrara en un cese de pagos de las obligaciones laborales y prestacionales, alcanzase un déficit de caja de 2.600 millones de pesos mensuales, unos 30 mil millones de pesos anuales.

De acuerdo con las cifras de la Asociación de Profesores Universitarios, Aspu, entre los años 2003 y 2005 el Ministerio de Hacienda dejó de enviar alrededor de cien mil millones de pesos por el convenio de concurrencia. Si le agregamos la deuda del departamento del Atlántico desde 1993, que suma actualmente más de 66 mil millones de pesos, concluimos que cerca de 170 mil millones de pesos le han dejado de ingresar al Alma Mater.

El Ministerio de Hacienda y la Gobernación del Atlántico no se han podido poner de acuerdo sobre los montos que corresponde a cada quién para cubrir de una vez por todas la enorme deuda que ambas instancias tienen con la Universidad.  Se han hecho todas las reuniones y exámenes posibles, pero no hay avances.

Mientras tanto, la Universidad sigue en crisis. Señores de la Gobernación, además de permitir que se deteriore el sector de la salud departamental, ¿ustedes también quieren pasar a la historia como la Administración que llevó al cierre a la Universidad del Atlántico?

Es hora de cumplir con la salvación de la Universidad. ¿Cuánto más durará la crisis de la Universidad del Atlántico? Ojalá se resuelva pronto porque los jóvenes de la Costa la necesitan consolidada y acreditada. A la Alcaldía de Barranquilla le he presentado y la ha acogido positivamente una propuesta para que los jóvenes de escasos recursos de Barranquilla puedan acceder a la Universidad, con el apoyo del Distrito. Por ellos y todos los demás muchachos, tenemos que salvar a la Universidad del Atlántico.

Artículo publicado en el Diario La Libertad 

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