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Causa escozor y profunda preocupación la alerta que acaba de lanzar la Federación Colombiana de Departamentos respecto del abultado déficit de recursos que tienen los gobiernos seccionales en el sector de la salud, debido a la obligación de atender a los pacientes con enfermedades catastróficas. De acuerdo con el presidente de esta asociación de gobernadores, Eduardo Verano de la Rosa, el déficit supera los 400 mil millones de pesos, y deriva fundamentalmente del cumplimiento de lo ordenado por una sentencia de la Corte Constitucional para que los pacientes pobres y con enfermedades de alto costo sean atendidos por los despachos de salud en cada departamento. Es claro que los gobiernos departamentales tienen que cumplir con ese mandato, pero actualmente carecen de una fuente de financiación para el tratamiento de esas enfermedades, y no descuidar otros programas sociales, en salud, educación, nutrición, vivienda, saneamiento.
La Federación durante su reciente asamblea nacional en Medellín, le hizo una petición al presidente Álvaro Uribe para que ayude a los Gobernadores a buscar una estrategia que permita resolver este déficit y evitar un colapso en la atención en salud en todos los departamentos. Creo que el tema tiene que ser llevado a discusión y debatido a fondo en el Congreso de la República, de donde debe surgir en concordancia con el Ejecutivo una alternativa clara y posible de financiamiento. La Constitución Política de 1991 establece que cuando a los entes territoriales se les asignan más funciones, también deben asignárseles los recursos correspondientes para no correr el riesgo de incumplir y desatender las necesidades de millones de colombianos en condición de marginalidad. Al lado de lo que dice la Federación de Departamentos, también es inquietante lo que puede ocurrir con el Plan Obligatorio de Salud, POS. Recordemos que la Corte Constitucional ordenó revisar y actualizar el POS. El fallo obliga a la unificación de los POS subsidiado y contributivo. La Corte señaló que una de sus preocupaciones es el aumento exponencial de las tutelas requiriendo servicios de salud. Se calcula, que cada año se interponen unas 90.000 acciones de tutela. Según la sentencia T-760 del 2008, dada a conocer por el magistrado Manuel José Cepeda, los colombianos tienen derecho a acceder a consultas, procedimientos, tratamientos y medicamentos formulados por los médicos, en forma oportuna, eficaz y con calidad. La Corte fijó el primero de octubre del 2009 como fecha límite para que se unifiquen los contenidos de los POS de los regímenes contributivo y subsidiado. "Una queja permanente del sector y de los afiliados es que hoy existen en el país cinco planes de beneficios distintos, a los cuales la gente accede según su capacidad de pago; es decir, que los de ingresos más altos tienen derecho a planes de tratamientos más amplios, lo cual, según la Corte, es abiertamente inequitativo", de acuerdo con un informe del diario El Tiempo. La Corte también fijó límite al Estado para alcanzar la cobertura universal: en enero del 2010, ningún colombiano podrá estar fuera del sistema de salud. Para los especialistas la unificación de los Planes Obligatorios Contributivo y Subsidiado de Salud (POSc y POSs) no está a la vuelta de la esquina. Ya que los aspectos financieros, técnicos, legales y de definición de lo que contendrá el nuevo POS explican lo demorado del proceso. De acuerdo con la directora de Gestarsalud, Elisa Torrenegra, el Ministerio de la Protección Social contempla la igualación de los dos POS dentro de cinco años, es decir, en el 2014. Hoy, el contenido del POSc (procedimientos, consultas y medicamentos) le cuesta al sistema 467.078 pesos anuales por cada uno de sus 18,7 millones de afiliados. El POSs es más pequeño y su valor es de 267.678 pesos, lo que equivale a una diferencia de 42,7 por ciento; a junio pasado tenía contratados 23,75 millones de cupos. Los primeros cálculos que se hacen indican que si el POS subsidiado se iguala con el POS contributivo se requieren 4,76 billones de pesos anuales adicionales para cerrar la brecha. Las cuentas del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que hoy están siendo revisadas, señalan que una cobertura universal de la población con un paquete de beneficios por lo menos igual al POSs implica un esfuerzo financiero de 7,4 billones de pesos cada año a partir del 2010. El tema merece la mayor atención y en el Congreso de la República estaremos listos para realizar la gestión y hacer los aportes que permitan despejar el horizonte de dificultades que actualmente se vislumbra.
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