De manera vertiginosa la extorsión se ha convertido en una de las problemáticas más alarmantes de Barranquilla, que no solo está afectando a pequeños y medianos comerciantes, sino también a trabajadores informales y familias enteras, quienes viven bajo el terror de la violencia extorsiva. Este delito que se empezó a registrar, hace unos años, en algunos barrios de la ciudad, hoy se expande como una red que amenaza la seguridad, el desarrollo y la economía local.

Mientras prolifera el hampa y se fortalece la asociación entre la delincuencia común y las peligrosas organizaciones criminales presentes en la ciudad como ‘los Costeños’, ‘los Pepes’, ‘Rastrojos-Costeños’ y ‘Clan del Golfo’, cientos de comerciantes huyen bajo el temor de las presiones y las exigencias económicas. De acuerdo con la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), entre 2020 y julio de 2025 cerca de 400 establecimientos comerciales, entre tiendas de barrio, peluquerías, farmacias, restaurantes y ferreterías, han cerrado sus puertas, debido a la presión criminal ejercida por bandas dedicadas a la extorsión.

A la compleja situación que viven los comerciantes formales e informales, ahora hay que sumarle el nuevo fenómeno de los múltiples pagos de extorsión a distintos grupos por el escalamiento de la lucha entre estas bandas que se enfrentan por el territorio y exigen sin contemplaciones, incrementando este flagelo que se ha vuelto imparable. Ni las labores de inteligencia, ni los grupos del Gaula de la Mebar han logrado una reducción significativa de los delitos de extorsión y homicidio.

La debilidad institucional y la falta de respuestas contundentes han abierto una puerta para que estas estructuras criminales aumenten su control territorial mediante el cobro de vacunas. Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, desde el 16 de junio al 16 de agosto, se han reportado 35 ataques contra establecimientos comerciales. Cada dos días se reporta un atentado contra locales comerciales de Barranquilla y su área metropolitana.

Aunque constantemente se realizan capturas masivas y se anuncian nuevos planes de choque, la realidad es que las cifras continúan al alza. No se ha establecido una política integral, coordinada y sostenida que ataque las raíces de la extorsión y el profundo problema derivado de la desatención de las necesidades básicas de la población en términos de servicios públicos, vivienda, salud, educación, empleo, ordenamiento territorial, protección a la tercera edad y a la primera infancia.

Otro de los grandes problemas a resolver está en la justicia, que no tiene ni los recursos ni el personal ni la preparación suficiente para enfrentar los enormes desafíos. La delincuencia desde las cárceles que se encuentra sin control ha dejado al descubierto las debilidades actuales del sistema carcelario.

El flagelo de la extorsión está afectando la integridad y la vida de los ciudadanos, quienes reclaman el restablecimiento del orden y el retorno de la tranquilidad. Sin acciones reales y coordinadas, la ciudad corre el riesgo de que este flagelo termine erosionando su tejido social y su potencial de desarrollo. Urge la inmediata intervención del Gobierno Nacional a través de un trabajo articulado que vincule a la administración Distrital, la fuerza pública, la justicia, los gremios económicos y la comunidad. Entre todos tenemos que derrotar a este enemigo que se está robando la paz, la dignidad y la libertad de la ciudad.