La más reciente arremetida del presidente Gustavo Petro contra el legislativo, en su discurso del primero de mayo, cruza los límites de la institucionalidad democrática y se convierte en una amenaza al orden constitucional. A través de presiones y el menoscabo de nuestra investidura como congresistas, se pretende interferir en el desarrollo de un trabajo que se exige transparente, independiente y riguroso.

Desde el Congreso siempre hemos estudiado juiciosamente cada una de las iniciativas presentadas para que no se cometan errores, e impedir que se atente contra el interés público. Tenemos la libertad y el derecho de apoyar o no las iniciativas del Ejecutivo, según se considere pertinente y de beneficio para los colombianos, así es como se fortalece la democracia, con el celoso cumplimiento de los más sagrados valores y principios que encarnan quienes estamos investidos del espíritu del legislador que a conciencia construye bienestar colectivo.

Con su actitud, el Ejecutivo no sólo desafía la legitimidad del poder legislativo, sino que también distancia la discusión de lo realmente importante: la construcción de un mejor país con oportunidades para todos. La polarización del debate político nacional a través de la descalificación del Congreso socava la separación de poderes y debilita el diálogo democrático que debe primar como parte de una dinámica de los poderes públicos en procura del bienestar colectivo y el fortalecimiento institucional.

Sin duda, ni a la oposición ni a sectores del gobierno les interesa una consulta popular que solo recoja visiones de una de las partes, cuando la política en escenarios democráticos se enriquece con los acuerdos y el consenso. Concurriré a las presentaciones y al estudio de lo que sea necesario, a debatir lo que haya que debatir, pero no estaré del lado de una consulta por presiones de ningún tipo.

Estoy de acuerdo en que es necesaria una reforma laboral, comparto la preocupación de los ciudadanos sobre su futuro y no me cierro a la discusión, pero no quiero participar de cualquier manera en este proceso. Mi compromiso es dedicarme a estudiar la propuesta de la consulta popular con responsabilidad, para poder visionar los debates indispensables y las aprobaciones pertinentes. Lo mejor es una reforma política bien pensada, extraordinariamente debatida y construida con la fuerza de la inteligencia y la capacidad moral suficiente para llegar a las instancias del revolcón que la comunidad clama.

Al Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes, elegido por el Constituyente primario, le fue delegado en el poder Legislativo la vocería ciudadana para discutir y aprobar iniciativas en su nombre. Es así que como congresistas tenemos una obligación y responsabilidad con quienes como electores confiaron en nuestra capacidad de gestión y de crítica sana, para evitar distorsiones, omisiones y equivocaciones en cualquier nivel del Estado colombiano. Hoy reafirmamos que no daremos ni un paso atrás en ese compromiso.

Los colombianos debemos seguir mostrándole al mundo nuestra profunda vocación democrática y tradición de respeto a las instituciones que la representan. El verdadero desafío no está en ahondar las diferencias sino en avanzar hacia la reconciliación en un contexto pacífico, equitativo y predominio de la educación para que podamos alcanzar niveles más altos de bienestar social. En tiempos tan complejos, debemos seguir demostrando que el nuestro es un Congreso que defiende la democracia y la libertad, capacitado para legislar en medio de las dificultades.