A los graves problemas que arrastra la empresa Air-e desde siempre, se suma el pesado lastre que le ha cargado la Superintendencia de Servicios Públicos con su desastrosa intervención que, en lugar de presentar soluciones para resolver la grave crisis, añade cada día nuevas complicaciones. No solo se cuestiona la serie de contrataciones millonarias que se han realizado en medio de la intervención, sino también la desarticulación que reina entre las entidades del gobierno, la inestabilidad administrativa a la que ha sido orillada la empresa y la falta de inyección de recursos.

Los frecuentes cambios de liderazgo durante estos diez meses de intervención han sido uno de los grandes frenos para el rescate de la empresa. En menos de un año se han posesionado cuatro agentes interventores: Carlos Diago, el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; Diana Bustamante y el más reciente Nelson Javier Vásquez, la manzana de la discordia entre minminas y el superintendente Yanod Márquez, a quien el líder de la cartera ya le declaró la guerra. El fuego amigo en su máxima expresión y, mientras tanto, la Costa Caribe al borde de un apagón.

Los constantes relevos dejan en entredicho la gestión de la Superintendencia y Air-e no es la única. Otro ejemplo es la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta (ESSMAR), que desde noviembre de 2022 ha tenido ocho agentes interventores y pocas soluciones. Con esta falta de continuidad, y ausencia de un liderazgo sólido y consistente, la superintendencia está socavando empresas en crisis. Teniendo el remedio en sus manos no está trabajando para garantizar la viabilidad y la continuidad en la prestación del servicio de las empresas intervenidas.

Se está repitiendo la historia de lo que sucedió durante los tres años en que la Superservicios intervino a Electricaribe, un total fracaso en los indicadores y la prestación del servicio que le costó a los colombianos más de 13 billones de pesos. Exigimos al superintendente Yanod Márquez Aldana atender cuanto antes la situación financiera de Air-e. Un 41 % de la deuda actual de la comercializadora, que en plata blanca corresponde a más de 1.40 billones de pesos, es deuda adquirida en estos meses de intervención.

En medio de la crítica situación por la que atraviesa el sector con el riesgo de un apagón financiero, la propuesta del interventor de diferir la deuda con las generadoras a diez años es insensata, desconoce la realidad del sector y pone en riesgo la seguridad energética nacional. El apagón del pasado martes en varios sectores de Barranquilla es consecuencia del complejo problema estructural que presenta el sistema eléctrico en esta región, y una muestra de ineficacia e ineficiencia institucional. Este es el campanazo de alerta de lo que se viene si la intervención continúa en manos de agentes que buscan satisfacer intereses personales y de un superservicios inoperante que actúa en contra del progreso económico y social de la Costa Caribe.