La más reciente advertencia de XM, operador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), sobre el “riesgo estructural” o sistémico en el que se encuentra el mercado eléctrico por los impagos acumulados de la empresa Air-e es un llamado a actuar con prontitud y diligencia para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional. No se trata de un problema aislado, de una empresa comercializadora de la Costa Caribe, sino de una situación que ha escalado de manera vertiginosa, que podría convertirse en una crisis energética de alcance nacional.
El tema es complejo porque casi que ningún ámbito de la vida nacional escapa a lo bien o a lo mal que le pueda ir al país, con relación al comportamiento del sector energético, su estabilidad o deterioro impacta la economía, la competitividad y el bienestar de las familias colombianas. En materia de energía eléctrica, además de los problemas regionales en la prestación del servicio, existe una nueva amenaza derivada de la creciente deuda que acumula Air-e con 29 empresas del sector, que podrían verse afectadas directa o indirectamente.
De acuerdo con el informe enviado por XM al Ministerio de Minas y Energía, cuando Air-e fue intervenida en septiembre de 2024, sus obligaciones vencidas ascendían a 530.265 millones de pesos, un año después, el monto alcanza los 2,2 billones de pesos. Dado que Air-e representa cerca del 12 % de la demanda nacional, XM advierte que “su eventual colapso financiero tendría efectos sistémicos severos” sobre la cadena de pagos del Mercado de Energía Mayorista. Además, señala que la situación es considerada grave porque, actualmente, no existe una Cámara de Riesgo o un Prestador de Última Instancia que sea capaz de mitigar el impacto de un incumplimiento de gran escala.
La preocupación radica en que se produzca un efecto en cadena que comprometa la liquidez de los generadores, los comercializadores y, en última instancia, la capacidad del sistema para operar con normalidad. Debido a que el modelo actual no ofrece mecanismos de protección ante incumplimientos de gran escala, cuando una empresa de distribución deja de pagar, los efectos se propagan con rapidez. En pocas palabras, estamos ante el riesgo de un colapso progresivo que podría traducirse en apagones, deterioro del servicio y pérdida de confianza en la regulación.
En estos momentos, el país requiere acciones estructurales, para empezar se debe: 1) Crear un mecanismo de garantía de pagos o cámara de compensación que mitigue el riesgo sistémico y asegure que los flujos financieros entre agentes no se rompan por la morosidad de uno solo, 2) Reformar el esquema de subsidios y transferencias del Estado, garantizando su entrega oportuna y completa. 3) Fortalecer la vigilancia financiera y patrimonial de los operadores regionales. No se trata solo de sancionar después del daño, sino de anticipar desequilibrios y exigir planes de capitalización antes de que la deuda se vuelva impagable y 4) Impulsar legislación que obligue a reportes de riesgo y niveles de exposición trimestrales, tanto para empresas como para entes reguladores. El mercado eléctrico no puede seguir funcionando a ciegas ni con información fragmentada.
El informe de XM es un campanazo de alerta sobre la fragilidad del modelo financiero que sostiene el sistema eléctrico colombiano, que de no corregirse podría terminar afectando su estabilidad. Ante esta situación, solicitamos al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Superintendencia de Industria y Comercio una intervención coordinada orientada a garantizar la estabilidad del sistema y proteger el interés de los usuarios. Con el riesgo diagnosticado, urge actuar para evitar que la alerta se convierta en una trágica realidad.
