Mientras los atlanticenses y bolivarenses seguimos en pie de lucha en medio de la batalla jurídica que hemos emprendido por el injusto cobro de valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, el gobierno sigue afilando sus espuelas para reactivar el proceso, sin tener en cuenta el gran impacto económico y social que generará a los habitantes de estos departamentos.

Más de un año después de la emisión de la Resolución 2615 del 27 de junio de 2024 del Instituto Nacional de Vías (Invías), con la que se estableció el cobro de la Contribución Nacional de Valorización, la mal llamada prueba piloto que se pretende implementar en las ciudades y municipios de Atlántico y Bolívar, bajo la excusa de un modelo de financiación para obras de infraestructura, los más de 248.656 propietarios de predios en Bolívar y Atlántico se encuentran en vilo por los ires y venires en la discusión.

Actualmente, hay múltiples recursos jurídicos en curso contra el cobro de valorización en la Vía al Mar; dos demandas que fueron admitidas por el Consejo de Estado, una admitida ante la Corte Constitucional y varias acciones populares y tutelas. A inicios de julio, recibimos la buena noticia del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, del Plan de Desarrollo, que si bien es una victoria a favor de esta lucha, aún no exorciza el fantasma de la valorización.

La arremetida del Invías con una tutela ante el Consejo de Estado pocos días después del fallo de la Corte se convirtió en una nueva afrenta del Gobierno contra la región Caribe. La solicitud que anteriormente fue negada, pide la suspensión de la medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que mantiene frenado el cobro, alegando una presunta violación al debido proceso y la existencia de un perjuicio si se mantiene la medida cautelar que por el momento frena el proceso de cobro de la valorización.

La insistencia y obstinación del Gobierno por este cobro ha suscitado muchas preguntas. En la región no nos explicamos por qué pese a los múltiples argumentos se insiste en esta valorización que afectará a muchas familias vulnerables que no tienen cómo pagar una carga que no les corresponde, en una vía que además de no estar terminada y tener más de la mitad en calzada sencilla, cuenta con cinco peajes. Un mecanismo vil y tramposo que dejaría en riesgo el futuro socioeconómico y competitivo del Caribe.

Ahora más que nunca debemos seguir unidos en la defensa de los intereses del Caribe colombiano. Se han dado pasos importantes para frenar este cobro arbitrario, pero todavía existen serias preocupaciones por el empeño del Gobierno en la reactivación del proceso. Estamos atentos al pronunciamiento definitivo por parte del Consejo de Estado en relación con las demandas interpuestas, no vamos a descansar hasta poner en jaque la legitimidad de este cobro y lograr su eliminación. Vamos a mantener esta resistencia unificada.