Pese al conflicto armado de más de medio siglo de existencia en el país, siempre nos hemos caracterizado por ser una democracia ejemplo en América Latina con un sistema electoral garante y transparente. Instituciones como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral han probado, con técnica y rigor, que el sistema funciona, que los resultados se sustentan en procedimientos auditables y que la voluntad ciudadana se ha respetado como principio esencial del Estado de derecho.
Al agitar fantasmas de algoritmos y conspiraciones tecnológicas, sin una sola prueba ni una denuncia formal ante los jueces, el presidente Gustavo Petro parece estar construyendo un búnker retórico. Más que una defensa de la transparencia, esta narrativa del 'fraude anticipado' suena a un blindaje preventivo frente a una posible derrota en las urnas. En un país ya fracturado por la polarización, lanzar estas sospechas al aire a pocos días de las elecciones no es un ejercicio de crítica, sino una irresponsabilidad que dinamita la confianza ciudadana y deja a la democracia herida de sospecha. Es un atentado contra la legitimidad de las urnas.
Nuestro rechazo a estos señalamientos no nace de una diferencia de orillas ideológicas, sino de una responsabilidad elemental: defender las reglas del juego que nos mantienen como democracia. Contamos con una Registraduría técnica y un CNE que, con aciertos y errores, brindan las garantías legales para que cualquier reclamo se tramite en los juzgados.
El proceso electoral colombiano, uno de los más vigilados del continente, descansa en un engranaje de auditoría que empieza en la mesa de votación y termina en los tribunales internacionales. En esa primera línea de fuego está la MOE, que con las botas puestas en los rincones más complejos del país, sirve de termómetro real contra cualquier intento de manipulación. A esto se suma el ojo técnico de misiones internacionales que auditan el software y blindan el código fuente para que nadie altere los datos; su presencia es un sello de garantía.
En la base de todo este engranaje están los testigos electorales: ciudadanos que, sin importar su orilla política, se convierten en los guardianes de cada mesa. Su poder legal para reclamar y registrar cada acta es el candado definitivo contra cualquier intento de manipulación. Con la Procuraduría y la Fiscalía en alerta máxima, y miles de ojos vigilando el conteo, sembrar dudas sin una sola prueba no es solo una ligereza; es despreciar una estructura que nos ha costado décadas construir y que garantiza que, en Colombia, el voto siga siendo sagrado.
La participación activa de los ciudadanos, el debate público plural y la alternancia en el poder prueban que nuestra democracia no solo ha resistido los momentos más difíciles, sino que siempre ha salido fortalecida de ellos. Es así que mantener la buena salud de nuestra institucionalidad y el tejido democrático es responsabilidad de todos los que creemos que los desacuerdos deben tramitarse en los debates, nunca socavando la fe en las urnas. Creemos que defender el sistema electoral colombiano, que no es perfecto pero sí confiable, es asegurar que el poder siga naciendo de la voluntad popular.
