El próximo Gobierno heredará un sector eléctrico al límite. La crisis de liquidez, el limbo de la intervenida Air-e, los retrasos en los proyectos y la caída en la oferta de energía firme confluyen en el peor momento: justo con la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño. Los datos están sobre la mesa y las alertas están documentadas. La bomba de tiempo está activada y no hay tiempo que perder.
Con corte a mayo de 2026, la Contraloría estimó una cartera crítica de 8,2 billones de pesos: 4 billones correspondientes a subsidios, contribuciones y opción tarifaria; 1,5 billones por deudas de entidades oficiales con el sector; y 2,7 billones por obligaciones de Air-e con el mercado eléctrico. No se trata de un problema contable. La energía ya fue generada, transportada y entregada, pero los recursos siguen sin llegar oportunamente. La desconexión del Ejecutivo con la realidad energética tiene al sistema sin caja para comprar combustible o asegurar el mantenimiento mínimo, dejándonos expuestos al peor escenario posible.
La oferta de energía tampoco crece al ritmo que exige el país. El año pasado, apenas uno de cada diez proyectos de generación logró encender motores a tiempo. Para 2026 se proyectaba la incorporación de 4.475 megavatios, pero al corte de mayo solo habían entrado 291. El rezago es evidente y sus consecuencias también. Con este ritmo, la Contraloría ya dejó claro que la energía firme proyectada no dará abasto para cubrir la demanda de aquí a 2030. Mientras el consumo sigue creciendo, las nuevas plantas no llegan a tiempo. Se reduce, cada vez más, el margen de maniobra, dejándonos a merced de un racionamiento o de tarifas impagables al primer amago de sequía.
Frente al abismo energético, se requieren decisiones inmediatas, por lo que propongo tres acciones urgentes. La primera es declarar, por treinta días, una emergencia económica y social limitada exclusivamente al sector eléctrico, orientada a saltar los cuellos de botella legales que hoy impiden actuar. La segunda es darle una salida empresarial definitiva a la empresa comercializadora Air-e mediante capitalización y cambio de control. Los accionistas o aportan recursos o pierden el control para dar paso a nuevo capital, que debe destinarse exclusivamente a sanear sus obligaciones y restablecer una operación eficiente. Mantener a Air-e en su estado actual solo prolonga la mayor fuente de inestabilidad financiera del mercado eléctrico. Hay que extirpar de una vez este cáncer del sistema.
Por último, hay que destrabar, con carácter prioritario, todos los proyectos de generación que puedan entrar en operación durante los próximos doce meses. Para lograrlo se requieren trámites simultáneos, plazos perentorios para las entidades competentes, ejecución de las garantías de quienes incumplen y liberación inmediata de los puntos de conexión que hoy permanecen bloqueados. Cada megavatio que sigue atrapado en la burocracia aumenta el riesgo de que el país enfrente una crisis que todavía es posible evitar.
La emergencia debe servir para lo urgente: pagar las deudas, reestructurar las comercializadoras viables y liberar la nueva generación de energía. Las advertencias están dadas y el problema está más que diagnosticado. La diferencia entre la gestión y la negligencia se medirá, esta vez, en el interruptor de la luz.
