El centralismo histórico ha sido un freno de mano para el crecimiento de Colombia. La excesiva concentración del poder político, administrativo y económico en Bogotá ha relegado a las regiones a un papel secundario, desconociendo su potencial, sus capacidades y sus necesidades. Han sido pocas las ocasiones en que las regiones han desafiado abiertamente ese modelo, intentando romper las ataduras de un sistema que ha limitado su liderazgo y su capacidad para incidir en las grandes decisiones nacionales.
Para entender de dónde viene esta distorsión, conviene mirar al siglo XIX. Tras la Constitución de 1886, el país buscaba estabilizarse, pero pagó un precio muy alto en las regiones: la llamada centralización política y descentralización administrativa. A partir de ahí, la autonomía local ha vivido bajo el chantaje permanente del poder central. Y aunque en las últimas cuatro décadas se conquistaron espacios valiosos, la inercia centralista sigue siendo una de las mayores talanqueras para el progreso de las regiones.
A las puertas del siglo XXI, la Constitución de 1991 llegó como un tanque de oxígeno para la democracia colombiana. Abrió cancha al pluralismo, fijó el Estado Social de Derecho y prometió, por fin, saldar la deuda histórica con el país territorial mediante la descentralización. Tres décadas después, esa promesa sigue a mitad de camino. Colombia continúa maniatada por un centralismo terco donde Bogotá define las prioridades, las asignaciones y las reglas del juego, mientras las regiones siguen esperando que la autonomía de papel se traduzca en recursos y poder real de decisión.
En ese escenario cobra todo el sentido la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de nombrar a Barranquilla como capital alterna de Colombia. La idea va mucho más allá del adorno o del gesto diplomático: es la oportunidad de aterrizar, por fin, la descentralización que la Constitución del 91 dejó empeñada. Es acercar el Estado a la gente y mandar un mensaje contundente de que el país no puede seguir girando únicamente alrededor de la capital. Poner a Barranquilla en ese mapa es admitir que el futuro se puede empezar a definir desde los territorios.
Las condiciones de Barranquilla hablan por sí solas. Su condición de puerto, su conectividad, su robustez económica y la experiencia acumulada en la gestión de lo público la perfilan como el escenario natural para descentralizar las labores del Estado. La transformación de la ciudad en la última década no solo la convirtió en un referente de innovación urbana, sino en la prueba reina de que desde el Caribe se puede liderar el desarrollo y la competitividad del país. Aunque el proyecto debe realizar su trámite constitucional en el Congreso, la iniciativa fija un punto de no retorno. Constituye el primer paso hacia una descentralización sin rodeos y la garantía de que las instituciones nacionales dejarán de ser un asunto exclusivo de la capital para acercarse de verdad a las regiones.
Colombia exige voluntad política real para levantar un Estado territorial moderno, eficiente y con los pies en la tierra; uno capaz de responder a las urgencias de la gente y de empujar el desarrollo desde las regiones. Por eso respaldamos esta propuesta sin titubeos. Ojalá sea el punto de partida de esa transformación institucional que ponga al territorio en el centro del poder y salde, de una vez por todas, la deuda que la Constitución de 1991 dejó abierta con las regiones.
