Los riesgos a los que están expuestas las comunidades aledañas al Canal del Dique no son menores. Con su ruptura en el sur del Atlántico a finales de 2010, una de las tragedias más terribles en la historia de nuestro departamento, se marcó con tinta la dura advertencia de la naturaleza sobre la urgente intervención que demanda esta importante obra hidráulica de la región Caribe, debido a su alta degradación ambiental e infraestructura obsoleta.
Si bien estamos un poco más cerca del inicio de las obras de recuperación y restauración integral del Canal del Dique, aún son múltiples los obstáculos que rondan la APP, entre ellos el trámite de licenciamiento ambiental exigido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para iniciar obras y que supone retrasos de entre 14 y 18 meses. Mientras tanto, aumentan las preocupaciones de los habitantes de la ecoregión, quienes con el incremento de las lluvias se enfrentan a múltiples emergencias en la zona de influencia.
El megaproyecto que abarca un área de influencia de 435 mil hectáreas, entre zona marina y continental, y que tiene una longitud total de 115 kilómetros, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena, en el departamento de Bolívar, proyecta una inversión de 3,2 billones de pesos. Con un impacto directo sobre 19 municipios de la región: ocho del Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y uno de Sucre (San Onofre), la obra busca garantizar que los efectos antrópicos no acaben de colmatar los ecosistemas naturales que han proporcionado a las poblaciones ribereñas, los medios de subsistencia necesarios para su supervivencia y controlar los efectos de las olas invernales, una solución para prevenir efectos de inundaciones.
En los últimos días, se ha conocido información positiva de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), acerca de los avances en la gestión ambiental, así como la disposición de la empresa española Sacyr Colombia SAS de atender todos los requerimientos exigidos por la ANLA para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) enfocado en la protección y restauración del ecosistema que demanda el proyecto, y la voluntad de la autoridad de licencias para agilizar el proceso. En estos momentos es fundamental evitar nuevos aplazamientos en la fase de preconstrucción, que podrían acarrear millonarias demandas a la Nación por encima de los 434 mil millones de pesos, según cifras de la Contraloría, y lo peor de todo un impacto incalculable sobre el medio ambiente, la competitividad, la conectividad y el desarrollo socioeconómico de los colombianos.
Al tiempo que avanza el estudio de impacto ambiental, es necesaria la ejecución de obras de mitigación de riesgo en los puntos críticos del Canal del Dique. 19 municipios ribereños podrían padecer graves afectaciones en medio del actual invierno si no se hace nada. Es cuestionable que uno de los megaproyectos más importantes del país no haya despegado aún por la falta de articulación institucional y voluntad política. Desde la Costa Caribe, no nos queda más que hacer votos para que no se presenten nuevos obstáculos que impidan en el corto plazo el inicio de estas obras que son tan urgentes para la mitigación del riesgo de desastres, la restauración ecológica y el bienestar de miles de familias.
