La discusión abierta en los últimos meses acerca de la compra de la empresa petroquímica Monómeros (filial de Pequiven con sede en Barranquilla) por parte del Gobierno Nacional está más caldeada que nunca. Con posturas a favor y en contra, los argumentos de ambas partes resultan válidos y dignos de ser revisados con lupa para la toma de una decisión estratégica que beneficie al país.

Monómeros ocupa el primer lugar en Barranquilla y el segundo a nivel nacional, en la categoría de fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados, de acuerdo al ranking de las 1.000 empresas más grandes de Colombia publicado por la Superintendencia de Sociedades. Por la vocación principalmente agrícola de Colombia, la empresa de fertilizantes se ha convertido en una compañía estratégica para el sector del agro con la producción de abonos, plaguicidas y químicos, que abastece a 80% de los campesinos del país, además de generar más de 1.700 empleos.

Las disputas políticas alrededor de la petroquímica han afectado su estabilidad económica, menoscabando su imagen y reputación, en parte por el manejo turbio de sus recursos de los últimos años y las sanciones internacionales a las que ha sido sometida. Las restricciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Venezuela en el año 2017, le dejaron afectaciones profundas que al día de hoy siguen pasándole factura a la empresa. Desde 2022 ha enfrentado una fuerte caída de ingresos, el año pasado Monómeros registró pérdidas acumuladas por más de $83.000 millones.

La principal preocupación sobre la compra gira en torno a la sanción emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los EE. UU., a la que el Gobierno Nacional ha solicitado formalmente una licencia de operación con el propósito de negociar la compra sin infringir las normas. Al tratarse de una adquisición con profundas implicaciones políticas, económicas y sociales, es necesario un estudio profundo, técnico y riguroso de la situación actual de la empresa.

Sin duda alguna, la compra de Monómeros sería positiva en el fortalecimiento de la autonomía agroindustrial de Colombia. Tenemos la oportunidad de recuperar y aumentar nuestra producción de alimentos con una empresa que tiene todo, para en manos del Estado, impulsar la dinamización del sector agroindustrial, asegurar la soberanía, seguridad alimentaria del país, así como garantizar los cientos de empleos directos e indirectos que genera en el Atlántico. No podemos arriesgarnos a la privatización de un activo clave para el agro y la industria colombiana.

En el contexto actual de recrudecimiento de la crisis climática, encarecimiento de insumos agrícolas y dependencia externa, tener el control de Monómeros permitiría al Estado garantizar precios más estables, impulsar la producción local y reducir la vulnerabilidad frente a las tensiones geopolíticas. No obstante, hay que revisar con pinzas la posible compra.