El gas natural tenía en el pasado un horizonte estable, pero en los últimos años el país ha sido víctima de situaciones inquietantes que generan dudas en relación con nuestras reservas, la capacidad de explotación y las garantías para su adecuada distribución. A nivel socioeconómico y de competitividad, comenzamos a padecer los indeseables efectos del incremento en las tarifas del servicio.
Una serie de errores de política energética nos han conducido a este escenario que tiene a los usuarios pagando los desaciertos de sucesivos gobiernos. Aunque no se han aclarado las dudas acerca de la disponibilidad del gas natural en el país, entre el caos y la incertidumbre, el pasado mes de diciembre se iniciaron nuevas importaciones del energético, y con ello los aumentos en las facturas de los segmentos esenciales.
La semana pasada, la Universidad Nacional de Colombia publicó un análisis sobre las dos principales causas de la baja producción de gas en el país. En primer lugar, se argumenta el incumplimiento de los acuerdos de suministro de gas con Venezuela y, en segundo, la burocracia que ha demorado la ejecución de proyectos de yacimientos de gas asociados con mantos de carbón. Esto confirma lo que hemos advertido durante casi dos décadas.
Cuando el Gobierno colombiano suscribió un acuerdo de exportación de gas a Venezuela a través del gasoducto Antonio Ricaurte, pactando en un inicio el envío diario de 50 millones de pies cúbicos de gas natural y después un volumen de 150 mpcd. Advertimos que, antes de hacer las exportaciones, se debía garantizar una mayor oferta interna y la definición de nuevos precios. Sin embargo, las prórrogas solicitadas por el país vecino fueron aceptadas extendiéndose hasta el 2016 sin que se garantizara el retorno del combustible e incumpliendo el cronograma de importación desde Venezuela que debía iniciar en el 2013.
Nunca el Gobierno Nacional le puso los puntos sobre las ies a la exportación de gas a Venezuela, ni siquiera en momentos de precariedad de suministro interno. "Desde 2012 hasta el actual Gobierno no le han solicitado a Venezuela revertir el volumen acordado hacia Colombia de 150 mpcd, solicitud que debió presentarse hace 9 años, cuando Colombia dejó de suministrar gas natural a Venezuela" resalta la investigación de la Universidad Nacional, añadiendo que si Venezuela hubiera suministrado los 150 mpcd, Colombia no estaría en alerta por posible desabastecimiento. Una permisividad que fue más allá de la lógica social y económica.
Por otro lado, los cuellos de botella en los trámites de las entidades encargadas de otorgar los permisos continúan afectando la ejecución no solo de proyectos de hidrocarburos, sino también de los proyectos renovables, que son la segunda generación de afectados por esta burocracia. Ni qué decir de la Comisión de Energía y Gas (Creg) cuya gestión para resolver los asuntos más cruciales y álgidos del sector, se traduce en lentitud, ineficiencia, ineficacia e incompetencia.
Los anteriores son apenas dos de los grandes errores cometidos en la política energética nacional. Existen otros factores como la baja actividad exploratoria, el incremento de cargas fiscales, los cambios regulatorios y la imposibilidad de firmar nuevos contratos bajo la presente administración que también nos han orillado a esta crisis. Para revertir esta cadena de errores y evitar una mayor crisis en el sector energético es fundamental que el Gobierno asuma una postura más activa, técnica y objetiva, alejada de la ideología que está poniendo en riesgo, no solo nuestra autosuficiencia energética, sino también la credibilidad del Estado ante inversionistas y ciudadanos.
