Si algo define hoy a los proyectos eólicos en La Guajira es la penumbra. Entre el desfile de anuncios y la realidad de los proyectos, la brecha es cada vez más ancha, espantando a un capital privado que ya no está dispuesto a esperar. Lo grave es que este no es solo un problema regional; es un apagón de confianza que pone en jaque la seguridad energética de una Colombia que no puede permitirse seguir aplazando su transición.

El desplome de la agenda eólica en La Guajira es una tragedia en cámara lenta. De las 16 adjudicaciones iniciales, el Sistema Interconectado Nacional solo ha visto nacer a Guajira I, una gota en el océano de lo prometido. El resto ha sucumbido al caos de los retrasos y las suspensiones. Lo que debía ser el motor del cambio se ha convertido en un inventario de abandonos por culpa de licencias que nunca llegan, garantías que no existen y una conflictividad social que no da tregua.

Ni siquiera el músculo de Ecopetrol ha servido de escudo en La Guajira. El arranque de Windpeshi ha sido un baño de agua fría para la petrolera. Los bloqueos recurrentes de algunas comunidades Wayuu han devuelto el proyecto al mismo pantano de incertidumbre que lo ha asfixiado desde sus inicios cuando era liderado por Enel. Lo que se anunció como un salto estratégico hoy corre el riesgo de ser otra pieza en el museo de los fracasos eólicos. Queremos creerle a Ecopetrol cuando asegura que este mes de mayo iniciarán las obras, pero la realidad en el territorio dice otra cosa.

La resistencia de las comunidades es el síntoma de un error garrafal: intentar imponer una transición energética sin haber gestionado primero una transición social. El escepticismo del pueblo wayúu frente al despliegue de proyectos renovables no surge de la nada, está anclado en décadas de promesas incumplidas y abusos asociados a iniciativas extractivas, especialmente en los sectores minero y energético. Bajo este panorama, cada nuevo proyecto que llega a La Guajira es más percibido como una amenaza que como progreso.

El actual Gobierno, pese a su discurso, no ha podido saldar esa deuda histórica ni proponer un modelo de diálogo que no se sienta vacío. La confianza no se decreta, se construye, y aquí se ha fallado en lo básico: la legitimidad. Sin el respaldo real de quienes habitan el territorio, cualquier apuesta estratégica terminará asfixiada por el mismo ciclo de bloqueos y frustración de siempre. Involucrar a la gente no es un favor ni un trámite; es la única vía para que los proyectos dejen de ser simples promesas en el papel.

Al Gobierno le ha quedado grande el desafío de sacar adelante los proyectos eólicos por creer que los mecanismos de participación eran un trámite y no el corazón del asunto. La duda queda flotando, pero la respuesta parece obvia: intentaron vender una transición energética "limpia" sobre una base social fracturada. Y el costo lo pagamos todos, con proyectos que son poco más que maquetas y un riesgo de apagón que amenaza con transformar lo que debía ser un hito en otra frustración nacional.