Por su eficiencia, versatilidad y bajas emisiones, el gas licuado de petróleo (GLP) no debe ser visto como un actor secundario en la matriz energética. Su capacidad para responder con rapidez en tiempos de déficit lo convierte en un respaldo fundamental. El reto está del lado del Gobierno y los reguladores: se necesitan ajustes urgentes en infraestructura, logística y mercado, además de una política pública que deje de subestimar su papel estratégico.
El GLP sigue ganando terreno en el país. Según GASNOVA, su demanda creció un 7,6 % en 2025, impulsada por un tejido industrial y comercial que aumentó su consumo en un 16,2 %. Para no ahogarse en la falta de oferta interna, el sector ha hecho la tarea ampliando su capacidad de importación mediante inversiones clave. Sin embargo, este despliegue técnico y financiero corre el riesgo de quedarse corto si no se resuelven los desafíos que hoy asfixian su competitividad.
El camino a seguir plantea una tarea prioritaria para el nuevo Gobierno. Urge actualizar el marco técnico y regulatorio, que se encuentra obsoleto, para destrabar la capacidad de almacenamiento, transporte e importación, y enviar señales claras que dejen de espantar la inversión. Pero la agenda debe ir más allá. Si de verdad se quiere consolidar este mercado, el Estado debe comprometerse con incentivos estratégicos, extender la red de subsidios hacia las familias más vulnerables y blindar la competencia a través de reglas transparentes y estándares exigentes.
Otro asunto crítico en la agenda es el diseño de las reglas de juego para el GLP que se empezó a importar desde Venezuela. No se puede improvisar; el mercado exige transacciones transparentes, equidad para los participantes y parámetros regulatorios estrictos que prevengan asimetrías competitivas. Poner orden en la frontera y atender las tareas pendientes en casa dictará el futuro del sector: o consolidamos al GLP como un pilar estratégico y confiable de nuestra matriz, o arriesgamos la seguridad energética del país.
Hay una bomba de tiempo financiera que urge desactivar: el hueco de los subsidios al consumo de GLP. Las empresas comercializadoras están asfixiadas por un déficit acumulado en los subsidios que ya desborda los $550.000 millones en el servicio por redes y roza los $27.000 millones en la distribución por cilindros. A pesar de los alarmantes retrasos en los desembolsos, el sector ha seguido prestando el servicio a pulmón, pero la cuerda no da para más. El Gobierno tiene que honrar sus compromisos ya y asegurar los recursos futuros. No hacerlo pone en jaque la estabilidad de toda la cadena de suministro y, lo peor de todo, desampara a las familias de menores ingresos del país.
Si el próximo presidente de Colombia aspira a liderar una transición energética verdaderamente responsable, no puede seguir mirando al GLP de reojo; debe darle el lugar que le corresponde en la ecuación energética nacional. Ignorar su peso estratégico o mantenerlo en la periferia de las prioridades del sector solo aumentará el riesgo de desabastecimiento y castigará a los sectores más vulnerables. Destrabar el suministro, robustecer la logística, fijar reglas claras para la importación y garantizar estabilidad regulatoria ya no es un debate opcional: es el único camino para no poner en jaque la seguridad energética del país.
