La protección de los derechos ciudadanos y la maximización del bienestar de los consumidores es por defecto la naturaleza de la política de transición energética que, desde hace más de una década, venimos impulsando en el país. Ubicar a la ciudadanía en el centro para erradicar el vergonzoso flagelo de la pobreza energética, que azota a miles de familias colombianas, es la esencia de estas leyes con las que buscamos una verdadera transformación social y económica en el país.
En este sentido, la apertura del mercado de comercialización minorista de energía eléctrica es uno de los pasos obligados en la redefinición del papel del consumidor durante el proceso de transición. Cambiar la forma en la que se gestiona la energía en Colombia, permitiendo que los usuarios asuman un mayor control e independencia para un consumo más inteligente, consciente y eficiente, que además les permita acceder al mercado libre, contribuir en la diversificación de la oferta y promover la competitividad, trae consigo grandes desafíos regulatorios, técnicos y operativos.
En su reciente informe denominado “Liberación de la comercialización minorista en América Latina: nuevos escenarios para la distribución eléctrica”, la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (ADELAT) realiza un análisis concienzudo en la región, y propone transformaciones regulatorias, operativas y comerciales para garantizar competencia, protección al usuario y modernización de la red, que resultan valiosas para países como el nuestro que forman parte del estudio.
En el caso de Colombia, el documento señala que: “es el único país de la región que permite la libre elección de comercializador a los consumidores regulados, lo que ha permitido la migración de un 5% adicional del consumo, que corresponde a cerca de 100 mil usuarios. Este modelo ha permitido la diversificación del sector y el crecimiento del número de comercializadores que operan en el país, facilitando la competencia y la creación de ofertas diferenciadas para los usuarios finales. Sin embargo, la penetración de la competencia en el segmento residencial sigue siendo limitada, pues estos consumidores continúan sujetos a tarifas reguladas”. Así, entre los desafíos que tenemos en el mercado de comercialización minorista del país está la reducción de las barreras para que más usuarios puedan acceder a contratos de suministro en condiciones de competencia.
Los aspectos que señala el estudio para una efectiva liberalización de los mercados se resumen en: 1) Gradualidad y planificación; 2) Protección y empoderamiento del consumidor; 3) Inversión en digitalización y modernización; 3) Reglamentación del Proveedor de Última Instancia (PUI); 4) Consideraciones tarifarias; y 5) Supervisión y adaptabilidad regulatoria. Como país que transita hacia una transición energética, debemos aprender de la experiencia internacional que muestra resultados exitosos, para que aterrizados en nuestra realidad, realicemos los ajustes regulatorios necesarios y establezcamos medidas que contribuyan a la protección del consumidor y el beneficio de todos los usuarios.
Dinamizar la competencia en la comercialización minorista de energía eléctrica, permitirá la generación de nuevos modelos de negocios y servicios, promoverá la eficiencia en los costos de la energía eléctrica, fortalecerá la sostenibilidad del sistema, modernizará el sector y también abrirá nuevas oportunidades para los consumidores.
Publicado en: La República
