Con deudas disparadas y sin un rumbo claro, la intervenida Air-e avanza peligrosamente hacia el despeñadero. En medio de este descalabro se encuentran más de cinco millones de usuarios en la Costa Caribe, condenados a pagar los platos rotos de una crisis que parece no tener techo. Lejos de ser un salvavidas, la intervención ha resultado ser un lastre: una gestión errática que, sumada a los pecados del pasado, solo ha servido para dilatar las soluciones y profundizar los problemas operativos.

Si bien lo que ocurre con Air-e es producto de un modelo energético fallido durante décadas, lo que estamos viviendo hoy es también el resultado directo de un Gobierno que se ha quedado cruzado de brazos. Entre decisiones que nunca llegaron, controles que solo existieron en el papel y una intervención que está permitiendo que la crisis crezca a un punto de no retorno.

El balance de la intervención de Air-e tras 19 meses es desolador. Lejos de enderezar el rumbo, se ha hundido a la empresa en un hoyo financiero sin fondo con un déficit de 140.000 millones de pesos al mes, que la tiene con la soga al cuello. Otro dato que asusta es la deuda con las generadoras que pasó, en estos meses, de 600 millones a la escandalosa cifra de casi 2 billones de pesos. La intervención no fue el remedio, resultó ser el acelerador del caos.

Ni siquiera el aumento sostenido en la demanda de energía, que ya sube un 6,4% frente a 2025, ha logrado darle oxígeno a una Air-e intervenida que parece no tener fondo. Las cifras de Sintraelecol confirman lo peor: la empresa es incapaz de capturar el valor de lo que vende. Ya no hay margen para las excusas, y el ministro Edwin Palma lo sabe. Su reciente admisión de que la crisis es "cada día más crítica" es la prueba reina de que la intervención, lejos de ser la solución, se convirtió en un problema acumulativo que sigue sin encontrar el norte.

Si algo faltaba para completar la tormenta perfecta, es la posible llegada de un fenómeno de El Niño extremo. La vulnerabilidad de Air-e es alarmante; al no tener energía contratada a largo plazo, la empresa está expuesta a los vaivenes de un mercado mayorista que no perdona en tiempos de escasez. Ya no hay espacio para la improvisación: o se amarran contratos de largo plazo ahora mismo para estabilizar los costos, o un fenómeno natural previsible se convertirá en la excusa perfecta para un colapso que se pudo evitar.

Resulta impostergable que el Gobierno Nacional use las herramientas que tiene a mano. El Fondo Empresarial de la Superintendencia no es un adorno; se diseñó para rescatar empresas intervenidas y garantizar que el servicio no muera en la desidia. Sin embargo, la billetera oficial debe abrirse con un norte claro: un cronograma real para saldar las cuentas con el resto de la cadena energética. Seguir dilatando estos pagos es jugar con fuego en un sector que ya no aguanta más desplantes.

Aliviar la asfixia financiera de Air-e es una necesidad vital, no un capricho regional. De esos recursos depende que el país no terminen en un apagón que desataría un caos social sin precedentes. No hay espacio para decisiones a cuentagotas ni agendas de largo aliento; la realidad financiera de la compañía es una bomba de tiempo que exige decisiones de fondo hoy mismo.